La respuesta es que, en la mayoría de los casos, no lo sabemos porque no son transparentes.
Las administraciones públicas usan cada vez más algoritmos para la toma de decisiones que afectan a toda la ciudadanía en ámbitos como la sanidad, la educación, el bienestar y el cumplimiento de la ley. Estos sistemas también influyen en ámbitos críticos del sector privado como los seguros, la banca y el empleo. A pesar de su uso generalizado, los algoritmos no son transparentes, por lo que los ciudadanos, los reguladores y los organismos de control no pueden supervisar sus implicaciones, que son muchas, desde no recibir una ayuda social a quedar fuera de la adjudicación de una vivienda pública o, peor aún, no recibir protección ante la violencia de género. Hemos recogido varios ejemplos en este dossier.